La colocación de los préstamos y líneas de liquidez para autónomos, pymes y empresas con aval del Estado se está acelerando por el gran número de peticiones hasta el punto de que los primeros 20.000 millones se pueden acabar la próxima semana. Sin embargo, algunas entidades no están actuando según marca el contrato del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que no permite condicionar la concesión de los créditos avalados por el Estado a la contratación de seguros, tarjetas o cualquier otro producto propio.

Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), dirigida por José María Marín, ha decidido iniciar diligencias previas de investigación contra las entidades que han sido denunciadas y se ha puesto en contacto con las patronales del sector, AEB y CECA. “En concreto, se analiza si tal exigencia podría constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada de la Covid-19”, dice la nota de la Comisión. Incluso el ICO, el Gobierno y el Banco de España han insistido al sector en mantener las buenas prácticas comerciales en esta colocación para que el dinero llegue con rapidez a autónomos y empresas y se eviten los cierres ante la pandemia de Covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, la CNMC vigila con especial atención posibles abusos o prácticas de cualquier actividad relacionada con el virus, ya sea financiera o sanitaria por la posibilidad de que algunos agentes pudieran entorpecer el abastecimiento o producir una subida de precios de los productos necesarios para la protección de la salud debido al brote del virus.

Casos excepcionales, según los bancos

Diferentes bancos consultados admiten que ha podido haber “errores puntuales en alguna oficina que no se ha dado cuenta de que los productos del ICO no se pueden condicionar, pero son una excepción. No tiene sentido hacer estas ventas condicionadas porque el ICO puede echar para atrás la operación, por eso creo que son muy pocos casos”, apunta el portavoz de un gran banco que pide el anonimato.

Desde otra gran entidad insisten en que se ha transmitido a toda la red que no se puede condicionar la colocación de productos propios con los avales del ICO, “pero puede haber alguien que al principio no lo supiera. Todo ha ido rápido y, si ha ocurrido, será menor. Creo que lo relevante es que los bancos están poniendo toda su plantilla a gestionar la línea de liquidez para que llegue cuanto antes a las empresas”. También cuestionan la apertura de investigaciones “que muchas veces no acaban en nada”.

De todas formas, el lunes pasado, el primer día de la campaña oficial de colocación de avales, el Banco de España, lanzó un comunicado recordando al sector que “revisará el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas bancarias en la comercialización de los avales del ICO».

En un inusual movimiento, las entidades asociadas a la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Unacc (cooperativas de crédito) emitieron también un comunicado en el que dicen comprometerse “a asegurar una aplicación rigurosa de las condiciones aplicables a las líneas de liquidez con avales públicos. Se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos».

Investigación a las funerarias y venta de gel

Asimismo, la CNMV está investigando si los precios aplicados por diversas empresas funerarias durante la crisis sanitaria “podrían deberse a acuerdos anticompetitivos entre competidores o a conductas agresivas desleales, objetivamente contrarias a las exigencias de la buena fe y susceptibles de mermar de manera significativa la libertad de elección de los destinatarios (familiares de los fallecidos)”.

Por otra parte, ante el aumento de la demanda global de determinados productos de protección de la salud como los geles hidroalcohólicos “está provocando sustanciales incrementos del precio de estos productos y de las materias primas que se emplean en su fabricación (etanol) empleados en su producción, además de situaciones de desabastecimiento en el mercado”.

Por ello, la CNMC está analizando de manera pormenorizada la evolución de estos mercados en España para identificar y, en su caso, sancionar la existencia de conductas anticompetitivas derivadas de tales incrementos de precio.

La vigilancia de la CNMC trata de garantizar que no se produzcan en España «prácticas anticompetitivas, por ejemplo, en materia de fijación de precios abusivos o de acuerdo entre operadores”, afirmó en un comunicado. La población puede ayudar “por vía telemática y de forma anónima” al organismo a reportar posibles acuerdos para la fijación de precios, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de licitaciones públicas o privadas.