El pasado jueves 2 de abril salió a la luz un vídeo en el que una mujer advertía de que su entidad bancaria la obligaba a contratar un seguro de Vida a cambio de la concesión de un crédito ICO con las condiciones impuestas por el Gobierno para ayudar a autónomos y pymes afectados por el estado de alarma. Inmediatamente, mediadores de seguros y asociaciones defensoras de los derechos de los consumidores se movilizaron para denunciar esta mala praxis, como ya recogimos en Aseguranza. Y esta presión ha dado sus frutos.
Cuatro días después de la polémica, la banca ha reaccionado a estos hechos. A través de un comunicado firmado por AEB, CECA y Unacc, se garantiza que las entidades de crédito asociadas han dado «instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido» del Real Decreto-ley 8/2020, con el que el Gobierno impulsa líneas de liquidez con avales públicos para mitigar el impacto del Covid-19.
En concreto, se anuncia que las entidades han precisado a su red comercial que «la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos«. Por último, las entidades firmantes justifican que con esta medida se quiere «preservar los niveles de circulante y liquidez de empresas y autónomos», uniéndose así a otras acciones que algunas entidades financieras han puesto en marcha de manera voluntaria para ayudar a la economía a hacer frente a las consecuencias de la crisis.
El Banco de España revisará las conductas
Casi al mismo tiempo se pronunció el Banco de España, emitiendo un comunicado en el que se remarcaba que las entidades financieras debían comercializar estos avales del Estado «en estricto cumplimiento tanto de las condiciones y requisitos fijados en la normativa que los regula como de los criterios de buenas prácticas bancarias». A tal efecto, pidió a las entidades que «la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables».
De todos modos, el Banco de España anunció que «verificará dichos protocolos y procedimientos y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas a fin de comprobar su adecuación a la normativa de aplicación».
Aclaraciones del Ministerio de Economía
Esta línea de avales está operativa desde el lunes 6 de abril, una vez se firmaron los correspondientes convenios de colaboración entre el ICO y las entidades financieras. Se ha aprobado con una dotación de hasta 100.000 millones de euros aunque inicialmente se ha activado un primer tramo de 20.000 millones, de los cuales el 50% se reserva para garantizar préstamos de autónomos y pymes. Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de septiembre.
Antes de firmarse los convenios, el Ministerio de Economía puntualizó algunas de las características de esta línea de avales, destacando que las entidades financieras «no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto» y que se excluyen las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.
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