Hiscox ha reunido algunas de las nuevas responsabilidades que los directivos de las empresas deberán tener muy en cuenta en este ejercicio 2024.
Todo ello tras constatar que hasta el 22,5% de los directivos de las pymes españolas desconocen la posibilidad de verse involucrados en situaciones de errores o negligencias que puedan suponer multas, reclamaciones o problemas legales, como se desprende del Whitepaper ‘El coste real de montar tu propia empresa’ de Hiscox.
En primer lugar, menciona las responsabilidades en materia de ciberseguridad y transformación digital. Como recogía Hiscox en su Informe de Ciberpreparación 2023, el coste de los ciberataques a empresas españolas en 2022 ha aumentado en un 43%. Un gran número de empresas españolas, tanto grandes como algunas pymes y micropymes específicas, tales como del sector TIC, «tendrán nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad este año, a partir de la entrada en vigor de la Directiva europea NIS 2 con el fin de fomentar una transformación en las empresas desde un enfoque reactivo a uno proactivo en esta materia». Por otro lado, la transformación digital ya supone toda una obligación para las empresas, especialmente las pymes, y la nueva Ley Crea y Crece, que entra en vigor este 2024, las obligará a implementar la factura electrónica en sus transacciones comerciales con otras empresas y autónomos.
En segundo lugar, las responsabilidades en materia laboral. Las pymes españolas se verán afectadas este año por diferentes medidas que impactan directamente en las responsabilidades de los directivos para con sus empleados. Hiscox recuerda que en enero entró en vigor la subida del 5% del salario mínimo interprofesional para 2024, «y es que ya con la subida en 2023 más de un tercio de las pymes necesitó hacer ajustes para hacerle frente, como la reducción de los sueldos más altos, despidos de trabajadores o menor contratación de personal, según se desprende de los datos de 2023 del Informe de Pymes y Autónomos de Hiscox». Otra de las medidas clave es la reducción de la jornada laboral máxima de 38,5 horas en 2024, lo que implicará una necesidad de mayor control del registro horario, enfrentándose las empresas a sanciones de hasta 225.018 euros y multas de hasta 7.500 euros por exceso de jornada.
Al margen, aparecen las responsabilidades en materia de sostenibilidad. Por un lado, este año se ha aprobado desde el Parlamento Europeo la prohibición del greenwashing o publicidad engañosa ‘eco’ para proteger al consumidor del engaño acerca de las cualidades y calidad de los productos. «Y es que la preocupación por el medio ambiente ya se ha convertido en uno de los principales riesgos sistémicos para el 32,3% de las pymes y es el que más ha crecido en 2023, siendo precisamente las del sector comercio las que mayor preocupación muestran por el cambio climático (44,3%)», indica. En este sentido, añade, «la responsabilidad de los directivos y las empresas con la sostenibilidad y la ecología se verá reforzada en 2024 y deberán implementar acciones dirigidas a ello en todos sus procesos de negocio, como la alianza con proveedores que cumplan con determinados requisitos en esta materia».
Por último, las responsabilidades en materia de igualdad, diversidad y discriminación laboral. A partir de marzo de 2024 las empresas con más de 50 trabajadores deben contar con un protocolo LGTBI con el fin de evitar el acoso y discriminación a este colectivo en concreto. «Si bien, por otro lado, desde hace varios años se viene reforzando la ya implementada ley que obliga a toda empresa a tener un Plan de Prevención y Acoso Laboral, que también además implica la creación de canales de denuncia para proteger a quienes denuncian las malas prácticas en este sentido, algo obligatorio desde el pasado 1 de diciembre de 2023», apunta Hiscox.
Para Diogo Ogando, suscriptor senior de D&O de Hiscox España, «cada vez son más las responsabilidades de los directivos, no solo por el buen ejercicio de su actividad y cumplimiento de la normativa, sino por la cada vez mayor necesidad de crear un impacto significativo en la sociedad como ventaja competitiva. Así, se hace necesaria una mayor cobertura ante los posibles errores o negligencias en el ejercicio profesional de su actividad, ya que sin duda las reclamaciones pueden salir caras y poner en jaque a su propio negocio. Sin embargo, el 61,1% de las pymes españolas no tienen contratado un seguro de Administradores y Directivos (D&O), según el mencionado Whitepaper, y si bien es cierto que tradicionalmente se ha asociado este seguro a las grandes empresas, también lo es que el riesgo no conoce de tamaños y los directivos de las pymes también están expuestos. Es hora de poner el foco en la protección del patrimonio».
Fuente: Carta del Seguro Nº 3310
Comentarios recientes